FUENTE: Las Provincias

«Un documento que integre los medicamentos seleccionados para la prescripción óptima en base a criterios de efectividad, seguridad, coste y conveniencia». Este será, a grandes rasgos y según reza en el anuncio publicado por el Diari Oficial de la Comunitat el pasado 1 de agosto, el resultado del proyecto de decreto con el que el Consell pretende constituir una red de «evaluación, selección y posicionamiento terapéutico de medicamentos para un uso racional y armonizado», que se materializará en la confección de una «guía farmacoterapéutica». Sin embargo, esta rimbombante descripción no ha convencido al Sindicato Médico de la Comunitat (CESM-CV) que, tras analizar el contenido del proyecto, ha presentado una batería de alegaciones a la iniciativa. Baraja, incluso, la posibilidad de emprender acciones legales para tratar de frenar el decreto.

Desde la formación sindical explicaron ayer a LAS PROVINCIAS que, en primer lugar, el documento se ha elaborado sin representantes de las sociedades científicas y del colectivo médico y que pretende convertirse en «una guía que diga al médico qué fármaco tiene que recetar», por lo que «coarta totalmente la libertad de prescripción médica y va en contra de la legislación vigente», advirtieron; una cuestión que «puede crear problemas en el tratamiento a los pacientes».

Según reza en el borrador, este documento «aspira a incorporar a la práctica clínica los medicamentos más efectivos, seguros y eficientes, así como los criterios para su utilización». Para ello, una comisión autonómica (CAESM) será la encargada de aprobar o denegar la inclusión de medicamentos en la determinada guía farmacoterapéutica, así como definir los medicamentos «de alto impacto sanitario y/o económico que para su prescripción y dispensación requieran cumplir con los criterios de utilización y posicionamiento previamente definidos». En esta línea, el documento apunta también que los medicamentos excluidos de la financiación pública no podrán ser incluidos en la guía. «Su utilización será excepcional, siendo siempre justificada e indicada para las situaciones clínicas pertinentes previa aprobación por la Comisión de Farmacia y Terapéutica o la Comisión de uso Racional del Medicamento».

Desde el CESM-CV indicaron que la evaluación de los medicamentos esté sometida al CAESM «genera otro escenario de incertidumbre» y que esta situación se traducirá en que el paciente podrá acudir a la farmacia con la receta de su médico pero «el farmacéutico le podrá dar un equivalente del medicamento que le han recetado. El que toma la decisión será la comisión, lo que supone una agresión a la libertad de prescripción médica», lamentaron.

En la actualidad, cada uno de los 24 departamentos de salud en los que se divide el área sanitaria de la Comunitat cuenta con una guía «en la que, si es necesario incluir un nuevo medicamento, se reúnen los representantes de los servicios de atención primaria, especializada, etc. y deciden su inclusión. Cuentan con un control bastante claro a nivel médico», precisaron desde el sindicato. Por contra, lamentaron que el actual proyecto nace conformado por una comisión de cargos políticos y «únicamente de un farmacéutico», de ahí que no estén de acuerdo con los resultados que pueda ofrecer. «En Andalucía hicieron algo parecido y lo declararon ilegal», recordaron desde el CESM-CV.

Por otra parte, el sindicato critica que desde Sanidad no se haya producido ningún contacto formar u oficial para la elaboración del proyecto, y que se lance a información pública un 1 de agosto, «una fecha inhábil para muchos trámites administrativos, lo que sólo puede inferirse como un absoluto desprecio a los derechos de los ciudadanos».

Sobre el procedimiento por el que se ha elaborado el expediente, el CESM advierte de que se han cometido «faltas administrativas muy graves».