FUENTE: Las Provincias

Durante la Transición, un año después de los pactos de la Moncloa de 1977, se estableció que los pensionistas no tuvieran que pagar las recetas de la sanidad pública como compensación parcial en la negociación del aumento de las pensiones. Así fue durante siete lustros. Hasta que Ana Mato, ministra de Sanidad, promovió en 2012 el copago farmacéutico, que el pensionista se hiciera cargo de un porcentaje de los medicamentos que compra. Aquel decreto 16/2012 acabó con la 'barra libre' en las farmacias.

Hace cuatro años y medio se establecieron tres tramos para el copago. Los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros tienen que desembolsar un 10% del precio marcado, con un tope de ocho euros mensuales; aquellos con ingresos entre 18.001 y 100.000 euros también debían pagar un 10% de la receta, con un tope de 18 euros mensuales, y los que tuvieran más de 100.000 euros anuales tenían la obligación de apoquinar el 60% y un máximo de 60 euros al mes. Están exentos los que cobran pensiones mínimas o no contributivas y los parados de larga duración.

En las últimas semanas, Dolors Montserrat, la cuarta ministra de Sanidad desde que Mariano Rajoy es el presidente del Gobierno, ha deslizado en varias entrevistas que estudia establecer dos tramos intermedios en el copago en el segmento que va de los 18.000 a los 100.000 euros. En concreto, a partir de 30.000 y 60.000 euros. Unas declaraciones que provocaron un gran revuelo político y que le obligaron a apresurarse a lanzar un 'tuit' excusándose -«No es cierto que vaya a subir el copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos de más de 18.000 euros», publicó- y a aparecer en 'Los Desayunos' de TVE para añadir nuevas matizaciones: «Puede que les baje a quienes tienen menos».

Pasado el 'tiroteo' entre los diferentes partidos, salieron los expertos para decir que lo que sugería la ministra no era ninguna barbaridad. «Lo lógico es que el tratamiento sea el mismo para los pensionistas que para los activos de igual renta», advierte por correo electrónico Jaume Puig-Junoy, profesor de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los grandes expertos en el copago que hay en España. Y añade: «No encuentro ninguna razón de equidad para que el tratamiento deba ser distinto para los pensionistas».

Antes del decreto 16/2012, el 'informe Vilardell' de 2005, en tiempos del todo gratis, ya reclamaba mayor equilibrio: «La distribución de los copagos sobre medicamentos podría no ser la ideal para la equidad y debería ser objeto de corrección, teniendo en cuenta cargas familiares, capacidad adquisitiva y presencia de enfermedades».

El precio del gasto público en farmacia mantuvo una línea ascendente entre 2004 y 2010. Ese año se revisaron los precios de referencia y, unido al decreto de Ana Mato en 2012, la línea empezó a decaer.

Los críticos aseguran que el copago no tiene una relación directa con un menor gasto farmacéutico y lo avalan con el ascenso que ha experimentado en los últimos tres ejercicios. En junio de 2016 el gasto acumulado de los doce últimos meses era de 9.895 millones de euros, ya por encima del año del decreto, pero aun a casi 3.000 millones (2.983) del punto crítico, en mayo de 2010 (un 23,4% más elevado).

Las dudas de la ministra

Enrique Granda es el presidente del Observatorio de la Federación Española de Farmacéuticos y echa la vista atrás para recordar que el copago «ya existía en los años 70, cuando pagaban lo mismo activos que pensionistas, un 10% y cinco pesetas; con la democracia los pensionistas dejaron de pagar y los activos cubrían el 30% y luego el 40%. Con el decreto 16/2012 se produjo una reducción importante en cuanto a número de unidades (cajas vendidas frente a dinero gastado)».

A su juicio el tramo de 18.000 a 100.000 es «muy amplio porque no se calculó bien». Por eso cree que la propuesta «sería una gran medida de contención del gasto». «Lo único criticable», censura a la ministra, «es que en lugar de anunciar algo que va a hacer, divagara sobre lo que 'sería bueno'. Eso no es propio de su cargo».

El 74% de la factura farmacéutica, informa Granda, corresponde a los pensionistas, que gastan «cuatro veces más que un activo», en una proporción de 3,7 a 1. Anticoagulantes, pastillas contra el exceso de tensión, de colesterol o de azúcar, analgésicos, antiinflamatorios, protectores de estómago y tranquilizantes son los más demandados.

Hoy por hoy el reparto del gasto farmacéutico en nuestro país se divide entre los 7.104 millones de euros de los 9,4 millones de pensionistas y 2,1 millones de personas dependientes de ellos (20 millones de españoles) y los 2.496 millones de euros de los 26,5 millones de activos españoles y los que dependen de ellos.

Farmaindustria, la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica, tiene un estudio donde asegura que en junio de 2012, justo antes del decreto 16/2012, se prescribían mil millones de recetas al año y que a finales de 2015 la cifra era de 882 millones. Ese informe concluye que entre agosto de 2015 y julio de 2016 el gasto farmacéutico ascendió a 9.739 millones de euros, un 3,21% más que entre agosto de 2014 y julio de 2015. Lo mismo sucede con el número de recetas (en doce meses creció un 1,59%, de 877 millones a 891 millones) y el gasto medio por receta (aumentó el 1,59%, de 10,76 a 10,93 euros).

Quien está en contra de la instauración de nuevos tramos de copago es la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública al considerar que estas medidas «solo afectan a los grupos sociales de rentas bajas». Apuntan, además, que el ahorro estimado por el Gobierno tras el decreto de Mato fue de 2.300 millones de euros cuando en realidad, afirma, «se quedó en 363 millones».

El modelo de Suecia

Los países de nuestro entorno son menos espléndidos. Algunos expertos señalan al modelo sueco como referente. Allí los pacientes tienen que pagar el 100% de los medicamentos hasta una cantidad de 900 coronas (95 euros). A partir de esa cifra se establece un sistema de pago proporcional y en ningún caso se pagan más de 1.800 coronas (190 euros). Mientras que en Francia y Bélgica, los copagos son más bajos cuanto más efectivo y necesario es el tratamiento que recibe el paciente.

En la Comunidad Valenciana, el gobierno decidió aplicar su propia normativa y subvencionar el copago a los jubilados con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales. 915.000 valencianos se beneficiaron de este privilegio en 2016.

El polémico real decreto ley 16/2012 se creó no tanto con un afán recaudatorio sino como un instrumento para disuadir el uso abusivo del Sistema Nacional Sanitario. Aunque tampoco hay una opinión unánime al respecto: el gasto ya se ha equiparado en solo cuatro años y algunos expertos predican que el gran perjudicado del copago es el español en edad de trabajar que padece una enfermedad grave (conlleva un tratamiento más caro). No es sino un regreso a la pregunta del millón: ¿tiene más derecho a recibir una ayuda un jubilado con la pensión más alta y rentas (propiedades, fondos, acciones...) que le generan jugosos ingresos que un trabajador mileurista con hijos a su cargo en edad escolar o universitaria?

Aunque también es cierto que durante los años de la crisis muchas familias sobrevivieron gracias a la pensión de los abuelos. Una situación que se convertirá en un imposible dentro de pocas décadas porque, según Farmaindustria, en 2013 había cuatro trabajadores por pensionista, mientras que en 2060 la previsión es de dos por cada pensionista. ¿Quién pagará entonces el pastillero del abuelo?